Mauro Stefanizzi, presidente de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AadED), visitó Santa Rosa en el marco de la apertura de una nueva delegación provincial de la entidad. Durante una charla en el Concejo Deliberante, remarcó su preocupación por la reducción de personas inscriptas en el Registro Nacional de Electrodependientes, una tendencia que se repite en todo el país.
“Hoy hay unas 15 mil personas registradas. No estamos hablando de una cifra que pueda quebrar al Estado por el subsidio a la energía. Es el 0,00001% de la población”, explicó Stefanizzi, quien estuvo acompañado por Martín Pérez Skudder, representante de la flamante sede pampeana de AadED.
La lucha por un derecho básico
La Ley Nacional 27.351, sancionada en 2017 y a la que adhirió La Pampa, garantiza el acceso gratuito y continuo a la energía eléctrica para quienes necesitan equipos médicos vitales. Sin embargo, según Stefanizzi, en el último año comenzó un proceso de exclusión: “El registro debería crecer con los años, pero vemos una caída sistemática. En La Pampa pasamos de 150 inscriptos a fines de 2023 a apenas 120”.
La situación se replica en distintas provincias, y desde la asociación atribuyen la baja a trabas burocráticas y decisiones del Ministerio de Salud de la Nación. “Rechazan solicitudes sin justificación clara. Hay un corrimiento del Estado y una intención ideológica de deslegitimar todos los registros. Nosotros no tenemos problema con las auditorías, pero lo que vemos es una política de recorte injusta e inhumana”, sostuvo.
Una realidad que atraviesa la vida
Stefanizzi explicó que las personas electrodependientes necesitan energía para sobrevivir: “Estamos hablando de niños, adultos mayores o pacientes crónicos que requieren respiradores, concentradores de oxígeno o equipos CPAP. Nadie elige ser electrodependiente”.
Ante esta situación, la AadED continúa ampliando su presencia territorial para garantizar derechos. Ya cuentan con sedes en Catamarca, Córdoba, San Luis y ahora en La Pampa.
El rol inesperado de las empresas
En un giro llamativo, Stefanizzi señaló que algunas distribuidoras eléctricas y cooperativas se han mostrado más solidarias que el propio Estado. “Antes luchábamos junto al Estado contra las empresas que se resistían a cumplir la ley. Hoy, mientras el Estado se retira, son muchas de esas empresas las que sostienen los beneficios en forma provisoria. Nos dicen ‘los vamos a mantener dos meses en el registro hasta que se resuelva’. Es algo para destacar”.
Más allá del recorte
La AadED pide garantizar el cumplimiento de una ley que protege vidas. “La electrodependencia es una condición médica, no un privilegio. Y este recorte no tiene sustento económico ni legal, solo ideológico”, cerró Stefanizzi.