El Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, concretó el traslado de Alfredo Astiz y otros represores condenados por crímenes de lesa humanidad desde el complejo de Ezeiza hacia la Unidad 34 de Campo de Mayo, una cárcel con régimen especial para adultos mayores. El hecho generó fuertes cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos, quienes advierten que se trata de una medida que otorga beneficios y condiciones de detención privilegiadas.
La Unidad 34, ubicada en el predio militar de Campo de Mayo, cuenta con infraestructura que incluye actividades recreativas como canchas de tenis, clases de teatro y talleres. El cambio de destino alcanza a represores con condenas firmes por su actuación durante la última dictadura militar, entre ellos nueve exmarinos vinculados a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA): Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo, Rodolfo Cionchi, Alberto González, Carlos Guillermo Suárez Mason, Adolfo Donda, Jorge Radice, Antonio Pernías y Luis Navarro.
El SPF justificó la decisión alegando la necesidad de liberar plazas en las cárceles federales, afectadas por sobrepoblación, para alojar a mujeres privadas de la libertad. En ese marco, solicitó autorización a los tribunales orales federales que intervinieron en las condenas. El TOF 5 no se opuso al traslado ni a los pedidos de celdas individuales y comunicación remota mediante Skype realizados por algunos de los detenidos.
El operativo también incluyó a represores que actuaron en el circuito clandestino Atlético, Banco y Olimpo (ABO), y al militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini, condenado por su participación en el Plan Cóndor. La Unidad 34 también alojará a Marcelo Cinto Courtaux, exoficial de inteligencia vinculado a la represión contra militantes de la Contraofensiva Montonera.
El traslado de Cinto Courtaux se produjo poco después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara su pedido de prisión domiciliaria. En su fallo, los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci ratificaron que las penas por delitos de lesa humanidad no pueden ser conmutadas, reducidas ni reemplazadas por beneficios, dado su carácter imprescriptible y la obligación del Estado argentino de garantizar justicia conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.
Distintas fuentes judiciales confirmaron que los traslados se realizaron el viernes, en una maniobra que sorprendió por su celeridad. Incluso familiares y allegados de los detenidos señalaron que no se cumplió el plazo previo de aviso habitual, y que debieron realizar la mudanza de manera apresurada.
Organismos de derechos humanos reiteraron su preocupación por la decisión del SPF, al considerar que representa un retroceso en las políticas de memoria, verdad y justicia que sostuvieron el juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado en las últimas décadas.