El periodista Hugo Alconada Mon, prosecretario de redacción del diario La Nación, denunció haber sido blanco de un “ataque sistemático y coordinado” que incluyó amenazas, intentos de hackeo de sus cuentas personales y hostigamiento digital, luego de revelar detalles del Plan de Inteligencia Nacional aprobado recientemente por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

La denuncia fue realizada públicamente a través de sus redes sociales, donde el periodista detalló que los ataques comenzaron el domingo por la noche, pocas horas después de la publicación de un informe en el que se advertía que el nuevo plan oficial establece como sujetos de interés a quienes “manipulen a la opinión pública”, propaguen “desinformación” o erosionen la confianza en los funcionarios encargados de la seguridad nacional.

Ataques digitales coordinados

Según explicó Alconada Mon, el intento por vulnerar sus cuentas arrancó a las 20:57 del domingo, cuando recibió un mensaje sospechoso desde una supuesta cuenta de “WhatsApp Business” vinculada a un número registrado en Nueva York. El mensaje incluía un código de verificación de cinco cifras, que habría sido parte de un intento para tomar el control de su cuenta de mensajería.

En los cinco minutos siguientes se registraron otros nueve intentos similares. A las 21:06, la agresión se trasladó a su casilla de correo electrónico: alguien intentó restablecer la contraseña de su cuenta en la red social X (ex Twitter), sin su consentimiento.

Ya el lunes por la mañana, el periodista recibió mensajes desde sitios pornográficos como Pornhub y XVideos, en los que se lo notificaba de una supuesta cuenta creada a su nombre y falsas interacciones, en lo que describió como una forma más de intimidación. Además, cuatro líneas telefónicas distintas le enviaron insultos y amenazas.

Silenciamiento y espionaje

El informe que habría desatado la ofensiva digital fue publicado el domingo. En él, Alconada Mon expone fragmentos del Plan de Inteligencia Nacional, donde se establecen criterios de vigilancia que podrían incluir a comunicadores, líderes de opinión y otros actores sociales que “comprometan el plan económico”.

El Gobierno nacional respondió a la publicación con un comunicado escueto en el que negó que la SIDE esté siendo utilizada para perseguir periodistas, opositores o críticos, aunque no desmintió los extractos citados por el periodista ni aportó aclaraciones sobre el contenido del plan.

El hecho generó una fuerte preocupación entre sectores del periodismo y de la sociedad civil, que consideran que la combinación de discursos estigmatizantes desde el poder, sumados a este tipo de ataques, conforman un escenario hostil para la libertad de expresión.