Blog

El gobernador Sergio Ziliotto se reunió con representantes de más de veinte colegios profesionales, consejos y cajas de previsión que solicitaron una audiencia para expresar su preocupación por el proyecto del Gobierno nacional que busca eliminar la colegiación obligatoria. En ese marco, advirtió que lo que propone Nación “es inconstitucional” y aseguró que en La Pampa “no se desregulará el ejercicio”.

La decisión del mandatario se basa en que el poder de policía en lo referido a actividades profesionales “compete a las provincias” y, en el caso pampeano, por leyes provinciales se ha delegado en los Colegios o Consejos Profesionales. Acompañaron al gobernador el ministro Pascual Fernández, el titular de Trabajo Marcelo Pedehontaá y la asesora letrada Griselda Ostertag.

Según informaron desde el Ejecutivo, los representantes de una amplia gama de colegios y consejos pidieron el encuentro para manifestar su “estado de alerta” ante el proyecto de ley nacional ingresado por Diputados, que propone eliminar tasas regulatorias, matriculación, cuotas colegiales y contribuciones obligatorias, reemplazándolas por un registro nacional gratuito.

Avasalla competencias

Durante la reunión, los representantes de las entidades señalaron que “la desregulación pone en riesgo al ciudadano común” y reivindicaron la colegiación como “instrumento necesario para preservar la excelencia, la ética y la responsabilidad social en el ejercicio profesional”.

Ziliotto les aseguró que “el esquema actual no cambiará en La Pampa”, y destacó que “el proyecto es inconstitucional y avasalla las competencias exclusivas de las provincias”. Recordó que desde el gobierno de Verna se promovió activamente la conformación de colegios profesionales.

El mandatario coincidió con los presentes en la necesidad de “aunar esfuerzos para defendernos de los ataques a los que estamos siendo sometidos las y los pampeanos”, ante un contexto nacional que “avasalla derechos y conquistas”.

Los profesionales agradecieron la postura del gobernador y adelantaron que gestionarán reuniones con diputados y senadores nacionales para explicar las implicancias del proyecto de ley.

Calidad y ética

Los colegios remarcaron que la colegiación “es esencial para garantizar la calidad, ética y responsabilidad del ejercicio profesional” y permite asegurar que quienes poseen matrícula estén realmente capacitados. “Lejos de ser una traba, fortalece las profesiones, protege a los usuarios de servicios profesionales y mejora continuamente la práctica”, afirmaron.

Participaron de la reunión representantes de más de 20 entidades, entre ellas: Colegio de Ópticos, Arquitectos, Bioquímicos, Odontólogos, Ciencias Económicas, Caja Forense, Médica, de Previsión Profesional, Psicopedagogos, Consejo Superior Médico, Abogados, Ingenieros Agrónomos, Escribanos, Fonoaudiólogos, Asistentes Sociales, Nutricionistas, Martilleros, Psicólogos, Kinesiólogos, Veterinarios, Agrimensores y la Caja del Banco de La Pampa.

Elsa Gladys Pérez de Altolaguirre, conocida como “Chicha”, falleció este miércoles a los 85 años en Santa Rosa. Fue diputada provincial durante la década del 90 y desempeñó un papel clave en la conformación de la Red de Mujeres Radicales en La Pampa.

Sus restos serán velados hoy en la Sala 6 de la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE), y a las 17 horas serán trasladados al cementerio de Santa Rosa.

Chicha fue una figura destacada dentro del radicalismo pampeano, tanto por su militancia como por su legado familiar. Fue madre del exintendente capitalino Leandro Altolaguirre y del actual diputado provincial Hipólito “Poli” Altolaguirre. También fue esposa de Fernando “Vasco” Altolaguirre, quien ocupó una banca en la Legislatura durante dos períodos.

Desde la Unión Cívica Radical de La Pampa expresaron su pesar por la pérdida: “Su compromiso y trayectoria dejaron una huella significativa en nuestro partido. Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos en estos momentos de dolor”.

Un grupo de intendentes de localidades del oeste pampeano expresó públicamente su rechazo a un posible desmantelamiento de las Agencias de Extensión Rural (AER) del INTA, impulsado por el Gobierno Nacional. Aseguran que el trabajo del organismo es clave para el desarrollo de la región y para el acompañamiento a pequeños y medianos productores.

Los intendentes Oscar Gatica (Algarrobo del Águila) y Guillermo Farana (Santa Isabel) informaron que se conformó un bloque de jefes comunales para visibilizar la importancia de las gestiones del INTA en el oeste. A esta iniciativa también se sumaron Mario Rebolledo (Puelén), Ricardo Borgna (La Humada), Ángel Gutiérrez (Limay Mahuida), Oscar Rodríguez Huarte (Carro Quemado) y Susana Bazán (Telén).

Mediante un comunicado, los mandatarios señalaron: “Manifestamos nuestra preocupación por las iniciativas de desmantelamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que se están discutiendo dentro del Consejo Directivo del organismo”.

Solicitaron al Consejo que defienda la autonomía del INTA y el mantenimiento de sus estructuras territoriales, como las AER, estaciones experimentales y centros regionales. “Como referentes de nuestras comunidades, damos testimonio del rol esencial que cumplen estas agencias en el acompañamiento técnico a las familias rurales y en el impulso del desarrollo local”, afirmaron.

También destacaron la tarea concreta de los equipos técnicos del INTA en territorio: “Son quienes recorren regularmente los establecimientos rurales brindando asesoramiento, promoviendo mejoras en la producción y aportando a una mejor calidad de vida para los y las habitantes del oeste pampeano”.

Finalmente, pidieron que se evite el cierre de estas agencias y la pérdida de los recursos humanos que las integran, remarcando que “son fundamentales para sostener la actividad productiva y social de una región históricamente postergada”.

Tres adolescentes fueron detenidos tras apuñalar a un estudiante de 17 años a la salida del Colegio Ciudad de Santa Rosa. La Justicia les dictó prisión preventiva por una semana mientras se investiga su participación en el violento ataque, que ocurrió el lunes por la tarde en la zona del barrio Villa del Busto.

La audiencia de formalización se realizó ayer por la mañana, con el fiscal Andrés Torino a cargo, quien imputó a los tres jóvenes por “homicidio en grado de tentativa”. Dos de ellos, menores de edad, fueron derivados al ex IPESA; el mayor, de 19 años, quedó alojado en una comisaría local.

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar el rol de cada implicado. El próximo lunes 9 de junio se revisará la prisión preventiva.

El joven apuñalado fue intervenido quirúrgicamente en el hospital René Favaloro y, según informaron desde el centro de salud, su evolución es estable.

“Lo planearon todo”

Rosana Ballejos, madre del adolescente herido, aseguró que el ataque no fue espontáneo: “Armaron un plan para atacarlo. Mi hijo estaba por subirse a la bicicleta cuando lo bajaron a golpes y lo apuñalaron. Fue muy traumático. Le salvó la vida una enfermera que justo pasaba por el lugar y le hizo un torniquete para frenar la hemorragia”, relató.

La mujer señaló que el conflicto comenzó dos meses atrás, cuando un grupo de jóvenes del barrio ARA San Juan hostigó verbalmente a su hijo en un boliche. “Lucio no tiene antecedentes, no es violento, es un pibe tranquilo, de casa. Dejaron de ir a ese lugar para evitar problemas, pero estos chicos lo buscaron igual”, explicó.

Según la familia, el ataque fue con una cuchilla, aunque en un primer momento se mencionó un destornillador. “El médico forense nos confirmó que fue una cuchilla”, afirmó.

Reconocimiento a la enfermera y al hospital

Ballejos destacó la rápida acción de Agustina Sosa, la enfermera que asistió a su hijo en el lugar del ataque: “Ella lo sujetó con las piernas, lo contuvo y le salvó la vida”. También agradeció al personal del hospital Favaloro por la atención y los estudios realizados tras la operación.

Miedo y posibilidad de educación domiciliaria

La madre adelantó que evalúan la posibilidad de que Lucio continúe sus estudios en su casa. “Hablamos con el colegio y nos ofrecieron la opción de clases domiciliarias. Él tiene miedo de volver, teme por represalias. Además, en esa escuela ya hubo otros episodios de violencia”, explicó.

Durante una reunión en el Colegio Ciudad con padres, autoridades educativas y policiales, se resolvió reforzar la seguridad y se prometió la instalación de cámaras. También se solicitó mayor presencia policial en la zona, especialmente en el Parque Oliver y alrededores, donde adolescentes suelen esperar los colectivos al finalizar la jornada escolar.

La causa sigue en curso

Uno de los agresores, menor de edad, ya fue liberado, mientras que el joven de 19 años sigue detenido. La familia pidió justicia y que el hecho no quede impune. “Hoy fue mi hijo, pero podría haber sido cualquiera. Esto tiene que parar”, sentenció Rosana Ballejos.

En el marco de una jornada nacional de protesta por la situación crítica que atraviesa el sistema de atención a personas con discapacidad, familias, organizaciones e instituciones se manifestaron en Santa Rosa y General Pico para exigir respuestas urgentes y denunciar el ahogo económico que pone en riesgo la continuidad de los servicios.

En Santa Rosa, la convocatoria tomó la forma de una caravana por el centro de la ciudad, encabezada por el centro educativo terapéutico Espacio Solar. Su titular, Mirtha Portales, explicó que la movilización surgió de una reunión con familias y profesionales preocupados por la situación. “Nuestra principal preocupación es el pago de las prestaciones. En el nomenclador los valores no aumentan desde hace seis meses, y el último fue del 0,8% o 0,5%. Es insostenible”, expresó.

Portales advirtió que mantener la calidad del servicio es cada vez más difícil. “Todos los que atienden a los chicos son profesionales. Hay que pagar sueldos, mantener la infraestructura, y los precios siguen subiendo, pero nuestros ingresos son los mismos de hace meses”, indicó. Además, recordó que hay otras instituciones aún más comprometidas, especialmente aquellas que deben pagar alquiler.

“Estamos resistiendo, pero no sabemos por cuánto tiempo más”, dijo con preocupación. También denunció demoras y congelamientos en los pagos de las prestaciones, incluso en casos de personas con pensión por discapacidad, y criticó las nuevas exigencias burocráticas que complican aún más el acceso a derechos. “Piden informes interminables para renovar certificados. Incluso con diagnósticos claros como síndrome de Down, exigen todo como si hubiera que justificar lo evidente”, afirmó.

En General Pico, la protesta se desarrolló frente al Palacio Municipal y estuvo encabezada por la Fundación De Tu Mano, acompañada por la Fundación La Rosa, el grupo Padres TEA y otras agrupaciones. La titular de De Tu Mano, Andrea Álvarez, sostuvo que atraviesan el peor momento desde la creación de la institución. “Los aranceles no están actualizados en el nomenclador nacional. Además de eso, las obras sociales retrasan o rechazan autorizaciones, vulnerando derechos”, señaló.

Álvarez informó que la fundación cuenta con cuarenta profesionales y que ya han tenido que advertir a las familias sobre la posibilidad de no poder continuar. “Esto no es nuevo, pero en los últimos meses se agravó. Siempre fuimos autónomos, nunca pedimos nada, pero ahora estamos en nuestro peor momento”, aseguró.

Federico Juan, responsable de la Fundación La Rosa, advirtió que muchas familias están desesperadas. “Sus hijos no pueden acceder a las terapias. Algunas viven el día a día, y en muchos casos la situación se vuelve insostenible”, lamentó.

Ambas protestas coincidieron en reclamar la aprobación de una ley de emergencia en discapacidad y la actualización urgente del nomenclador nacional, frente a un escenario donde las instituciones ya no pueden garantizar la atención y miles de personas ven vulnerados sus derechos esenciales.

Personal de la subcomisaría de Lonquimay secuestró este miércoles dos motocicletas e imputó a tres jóvenes mayores de edad en el marco de una causa judicial por infracción al artículo 193 bis del Código Penal, luego de que fueran filmados corriendo picadas en el acceso principal de la localidad. La intervención policial se inició a raíz de un video que se viralizó en redes sociales. Uno de los involucrados resultó con lesiones leves tras caerse del rodado.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió el domingo pasado en el acceso Montero, sobre la ruta nacional 5, cuando dos motociclistas fueron captados compitiendo a alta velocidad. En determinado momento, uno de ellos perdió el control y cayó al pavimento, quedando a pocos metros de la cinta asfáltica. La situación fue registrada por testigos que, además, asistieron al herido.

A partir de la difusión del video, se inició una investigación que permitió identificar a los presuntos responsables. Con intervención del Ministerio Público Fiscal de Santa Rosa, la Justicia autorizó allanamientos en dos domicilios de la localidad. Entre las 10:30 y las 11:15 horas de este miércoles, la policía secuestró dos motos marca Bajaj Rouser 200 cc y notificó en libertad a los tres implicados: los dos propietarios y el conductor que participó en la picada.

Los jóvenes enfrentan cargos por participar en una competencia de velocidad ilegal, una conducta tipificada en el artículo 193 bis del Código Penal, que prevé penas de prisión de seis meses a tres años para quienes pongan en riesgo la vida o la integridad física mediante este tipo de maniobras. También sanciona a quienes organicen, promuevan o colaboren con la realización de las mismas.

Después de ocho horas de debate, la Cámara Baja dio luz verde con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones a la iniciativa para actualizar los haberes jubilatorios. Así, Diputados envía el proyecto al Senado para convertirlo en ley.

La Cámara de Diputados aprobó en general por una amplia mayoría los proyectos impulsados por la oposición para incrementar los haberes jubilatorios en un 7,2%, y aumentar el bono complementario de 70 mil a 110 mil pesos.

Las iniciativas fueron rechazadas por el oficialismo y un sector de sus aliados, mientras que el Gobierno ya adelantó que utilizará el veto presidencial al considerar que afectan el orden fiscal.

El aumento fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones (UCR y PRO).

Los votos positivos fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, el Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, algunos radicales y Por Santa Cruz.

Un detenido alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional II de Policía resultó herido tras una pelea con otro interno. El episodio ocurrió el martes a la noche y, si bien fue trasladado al hospital para su atención, desde fuentes oficiales descartaron que se trate de lesiones graves.

El recluso se encontraba cumpliendo prisión preventiva por un delito contra la propiedad. Según pudo saber este medio, el altercado ocurrió dentro del establecimiento carcelario y derivó en el traslado del herido al Hospital Gobernador Centeno, donde fue atendido.

A través de redes sociales, allegados del detenido señalaron que había sufrido heridas de consideración, incluyendo fracturas y lesiones con arma blanca. No obstante, fuentes del hospital aseguraron que sólo presentaba un “raspón” en la frente y no registraba lesiones de mayor gravedad.

Desde la Fiscalía también confirmaron que las heridas no revestían gravedad y que el interno ya había sido dado de alta.

La ministra de Educación de La Pampa, Marcela Feuerschvenger, se refirió este miércoles a las situaciones de violencia que se vienen registrando en escuelas secundarias de Eduardo Castex, y sostuvo que la cartera educativa está “permanentemente acompañando para fortalecer la convivencia escolar”. La funcionaria subrayó que no se trata de hechos aislados de las instituciones educativas, sino de manifestaciones de un “contexto social complejo” que también impacta dentro de las aulas.

“No quiero minimizar, pero esto no ocurre solamente en las escuelas. Hay violencia verbal, simbólica y física que se manifiesta a diario en toda la sociedad. Nuestros estudiantes no están exentos de este escenario”, expresó la ministra durante una visita a la localidad.

Los colegios General Manuel Belgrano y Licenciado Hugo Peinetti fueron escenario de distintos episodios conflictivos en las últimas semanas, algunos de ellos durante los horarios de salida. Incluso se iniciaron alrededor de diez causas judiciales, con participación de estudiantes y algunos adultos. El pasado viernes también se reportó una pelea dentro del edificio del colegio Peinetti, que motivó la intervención policial.

Acompañamiento activo

Feuerschvenger indicó que los equipos técnicos del Ministerio, junto con la Dirección de Nivel Secundario, ya están trabajando en terreno. “Estamos al tanto de todas las situaciones y hubo una reunión en la que se establecieron pautas de trabajo conjuntas para abordar esta conflictividad. Sabemos que llevará tiempo, pero estamos comprometidos”, afirmó.

La semana pasada, autoridades locales y provinciales mantuvieron una reunión interministerial en el Centro Cultural Municipal, donde se articularon estrategias para contener y prevenir nuevos hechos de violencia.

Durante su visita a Eduardo Castex, la ministra también participó de la habilitación de una nueva estructura edilicia de la EPET Nº 10, destinada a oficinas y aulas.

“No le sacamos el cuerpo”

La titular de la cartera educativa rechazó cualquier intento de evasión del problema. “Nosotros no le sacamos el cuerpo a nada. Hay situaciones que no quisiéramos que pasen, pero estamos todos comprometidos para buscar soluciones que nos permitan mejorar la convivencia y la vida en sociedad”, subrayó.

Finalmente, reiteró el rol de la escuela como espacio clave de construcción social: “Es la única institución donde conviven tantas personas durante tantas horas. No es que esto pase todo el tiempo y en todas las escuelas, pero hay que abordarlo sin negar la realidad. Por eso, repudiamos cualquier hecho de violencia y trabajamos todos los días para erradicarlos, no solo en la escuela, sino en toda la sociedad”.

Este miércoles por la tarde, Santa Rosa fue escenario de una movilización conjunta entre agrupaciones feministas, colectivos de mujeres y disidencias, sindicatos, organizaciones sociales y la Coordinadora de Jubiladas/os y Pensionadas/os de La Pampa. La protesta tuvo como doble eje el décimo aniversario del movimiento Ni Una Menos (3J) y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional.

La jornada comenzó en las escalinatas de la Universidad Nacional de La Pampa, sobre la calle Gil, donde se leyó un documento que recordó los orígenes del 3J y denunció el desfinanciamiento de las políticas de género, así como los discursos que invisibilizan la violencia hacia mujeres y diversidades.

Luego, las organizaciones feministas se sumaron a la tradicional marcha semanal de la Coordinadora de Jubiladas y Jubilados, que cada miércoles reclama frente a PAMI y ANSES en defensa del sistema previsional, la salud y los derechos adquiridos por el sector pasivo.

La movilización recorrió las calles céntricas de Santa Rosa con consignas, intervenciones artísticas y fuerte presencia intergeneracional, uniendo demandas sociales, feministas y previsionales en una misma voz de protesta ante los recortes presupuestarios del Gobierno de Javier Milei.